carta abierta a Zapatero

Con motivo de la tramitación del Proyecto de Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en adjunto se remite modelo de Carta Abierta dirigida al Presidente del Gobierno elaborada por la Junta de Gobierno, con el fin de que se remita con carácter urgente a todos los colegiados para que aquellos que lo consideren la hagan llegar, vía correo electrónico a la Presidencia del Gobierno, a la mayor brevedad posible. (Se tiene que copiar el contenido de la carta y pegar en el espacio que proporciona la web del Ministerio de Presidencia para escribir al Presidente).»

TEXTO DE LA CARTA.-
Cita:

Sr. D. José Luis Rodríguez Zapatero
Presidente del Gobierno
Palacio de la Moncloa
28071-Madrid

Madrid, 15 de marzo de 2007.

Distinguido Señor Presidente:

Como usted sabe, el Proyecto de Ley del Estatuto Básico del Empleado Público impulsado por el Ministerio de Administraciones Públicas, se encuentra en tramitación parlamentaria, concretamente el próximo 21 de marzo de 2007 será aprobado por el Pleno del Senado el Dictamen elaborado por la Comisión de Administraciones Públicas de dicha Cámara.

El texto del fututo Estatuto modificará, de ser aprobado finalmente de esta manera, el régimen jurídico de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local que actualmente ejercen los controles de legalidad y económico-financiero en todos los Ayuntamientos, hasta el punto de que puedan ser nombrados y cesados libremente por los Alcaldes, comprometiendo con ello una de las garantías de su neutralidad e imparcialidad profesional. Esta desregulación puede provocar un grave deterioro en el ejercicio de las funciones públicas obligatorias en todos los entes locales, en un momento en el que la transparencia y el respeto a la legalidad se revelan – hoy más que nunca – como principios sobre los que construir una democracia local avanzada y de calidad.

El proyecto de ley contempla asimismo la transferencia a las Comunidades de Autónomas de una serie de competencias sobre la regulación de la profesión que hasta la fecha han permitido una habilitación estatal para su ejercicio en todos los entes locales de España, en la línea establecida por nuestro Tribunal Constitucional, y de la que resulta un modelo para la profesión incluso contrario a lo manifestado por la propia representación asociativa de los alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas de toda España, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que el proyecto de ley, desafortunadamente, se empeña en desatender.

Este colectivo es partidario de una descentralización ejecutiva de la profesión, de acuerdo con la configuración autonómica, pero dotada de elementos de racionalidad y coherencia, que el proyecto desatiende hasta el punto de desapoderar al Estado de la competencia para convocar plazas en cualquier comunidad Autónoma de España y se otorga la competencia exclusiva a las Comunidades Autónomas de determinar la distribución porcentual de los Baremos a considerar para acceder a una determinada plaza.

Tal y como se ha previsto en el Proyecto de Ley, las deficiencias del sistema son tales que prevemos la eliminación a corto o medio plazo de los controles de legalidad y económico-financieros en los Ayuntamientos. En contradicción con la voluntad de la ciudadanía y de los poderes públicos de atajar los casos de corrupción de los que a diario se da cuenta en los medios de comunicación denuncian casi a diario nuevos casos de corrupción, el Ministro de Administraciones Públicas promueve una ley que da un paso más en la rebaja y debilitamiento sistemático de los controles internos de los Ayuntamientos.

Por lo anterior como integrante del colectivo de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de España, le solicito que el Proyecto de Ley recoja respecto de este colectivo:

- Limitación o eliminación de la Libre Designación.

-Establecimiento de mecanismos que permitan la actuación del Estado sobre la oferta de empleo público de los SITAL, en los casos de oferta nula o manifiestamente insuficiente por parte de las Comunidades Autónomas.

- Establecimiento de una abanico de posibilidades dentro del cual las Comunidades Autónomas puedan establecer los porcentajes de los distintos baremos de méritos aplicables a los concursos de traslados de forma que se garantice de forma efectiva la movilidad en todo el territorio del Estado.

Al tiempo que presentamos esta solicitud, le tendemos la mano a Vd. y a su gobierno, tendrá en nosotros un decidido respaldo moral y ético a cualquier postura clara y firme en relación con cualquier regulación que refuerce el cumplimiento de los controles de legalidad y económico-financieros en los Ayuntamientos, que debería imponerse en España como una de las principales herramientas a la hora de luchar contra la corrupción. Los ciudadanos tienen derecho a una buena administración, a una democracia avanzada y de calidad; por lo que la Reforma de la función pública en general y de la función pública local en particular, no pueden dejar pasar una excelente oportunidad para avanzar en la construcción de esta buena administración. La desregulación y el debilitamiento de los controles no es el mejor camino para ello.
Le agradezco muy sinceramente su atención y espero merecer su respuesta a estas consideraciones.

Respetuosamente le saluda


Fuente: Correo Cosital